Encajonado entre Guatemala y Nicaragua, en la costa caribeña, Honduras es un país cubierto de bosques y rico en minerales valiosos.
Sin embargo, los beneficios que se obtienen de esta riqueza natural
solo los disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina:
cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones
de pobreza extrema, con menos de 2,50 dólares estadounidenses (USD) al
día.
En
este informe se documentan los estremecedores niveles de violencia e
intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la
imposición de presas, minas, tala o agricultura
en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas,
entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el
incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.
EL LUGAR MÁS PELIGROSO PARA LOS ACTIVISTAS DEL MEDIO AMBIENTE
No hay
ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por
protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural
que en Honduras. Según la investigación
de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras;
muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados. Berta
Cáceres fue una de las decenas de personas a las que entrevistó Global
Witness durante una investigación de dos años de duración sobre las
fuerzas políticas y económicas que fomentan esta masacre.
Entre los
entrevistados era difícil encontrar a alguien que no hubiera perdido a
alguno de sus allegados, amigos o compañeros o que hubiera sufrido en
persona intimidación o ataques.
Los estudios
de casos de este informe ponen de manifiesto nuevas pruebas de los
actos corruptos y delictivos que llevan a esta violencia y permiten
a Honduras, un país bien conectado, imponer sus acuerdos
empresariales a un precio enorme para el medio ambiente y comunidades
enteras. Estos casos incluyen las siguientes historias:
- Ana Miriam y su cuñada Rosaura, ambas embarazadas, fueron golpeadas tras haber reportado amenazas por oponerse al proyecto hidroeléctrico Los Encinos, que es controlado por el marido de la presidenta del Partido Nacional, que gobierna en Honduras. Como consecuencia del ataque, Rosaura perdió el bebé que esperaba.
- Concepción Gutiérrez reportó haber recibido repetidas amenazas por negarse a vender su tierra a una empresa minera que pertenece al empresario Lenir Pérez. Los observadores internacionales que se había asignado para su protección fueron secuestrados.
- Los líderes indígenas tolupanes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta fueron disparados y asesinados mientras participaban en una protesta pacífica contra el paso de camiones de minería y tala por su territorio.
- La comunidad afrohondureña de Barra Vieja se resistió a los intentos de la policía y los funcionarios gubernamentales de desalojarlos por la fuerza de su tierra, para favorecer a un complejo hotelero de cinco estrellas.
En la mayoría de estos casos, no se responsabilizó a los atacantes y se privó a las víctimas y sus familiares de la protección y la justicia
que merecían. Nuestras investigaciones demuestran que las
instituciones estatales como el sistema judicial, el ejército o las
fuerzas policiales suelen utilizarse para apoyar los intereses de las
empresas y las personas que en ellas participan. Si
bien, en teoría, el
Gobierno tiene el poder y los recursos para proteger a los activistas,
en la práctica, una falta de voluntad política, una corrupción endémica y
una influencia excesiva de las élites consiguen
que no se proporcione dicha protección. Según varios grupos de derechos
humanos, más del 90 % de los asesinatos y abusos contra los defensores
hondureños de los derechos humanos queda sin resolverse.
CON LAS PUERTAS ABIERTAS AL NEGOCIO
Los ejemplos de asesinatos de activistas que incluimos en este informe forman parte de un mal endémico que arrasa el país y está arraigado en
la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad para los agresores respaldados por el sector empresarial.
Constituyen una campaña sistemática para atemorizar a las comunidades
hasta que aceptan el expolio y la industrialización de su tierra y
representan un profundo fracaso en el cumplimiento de los derechos de los pueblos a ser consultados sobre el uso de sus recursos naturales.
Desde que
el golpe de Estado de 2009 derrocara al antiguo presidente Manuel
Zelaya, una sucesión de Gobiernos de derechas han convertido los
proyectos mineros, agroindustriales y energéticos en
uno de los pilares de la estrategia de crecimiento económico del país.
En 2011, en un congreso organizado por el Gobierno, se proclamó que el
país tenía «las puertas abiertas al negocio». Los inversores
extranjeros
ya pueden volver a adquirir concesiones mineras, los recursos hídricos
se han privatizado, los controles ambientales se han reducido y se pasan
por alto las políticas que rigen cómo deben interactuar las empresas
con las comunidades locales. Es evidente
que se espera que una aplicación laxa y un debilitamiento de la legislación vigente fomenten la inversión.
Si
bien los principales beneficiarios de esta corrupción son las empresas y
los particulares hondureños, la comunidad internacional es cómplice de
esta competencia a la baja en el ámbito
de los derechos y las normas. El
modelo de desarrollo económico actual (y algunos de los proyectos más
abusivos) cuentan con el respaldo de instituciones financieras
internacionales (IFI), mientras que el
Gobierno de Honduras sigue recibiendo una gran cantidad de ayuda
exterior, en especial de Estados Unidos. Desde la capital, Tegucigalpa,
la embajada de Estados Unidos ha estado fomentando una intensificación
de las inversiones en las industrias extractivas
de Honduras. El
gigante minero Electrum ya planea una inversión de 1.000 millones de
dólares estadounidenses (USD). Los sectores hidroeléctrico y
agroindustrial del país también están recibiendo inyecciones
de efectivo de bancos de desarrollo con respaldo estadounidense, como
la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), mientras que el Congreso de Estados Unidos ha accedido a conceder un gran paquete de
ayudas de 750 millones de dólares (USD) para América Central, un gran porcentaje de los cuales irá a parar a Honduras.
UN LARGO CAMINO POR RECORRER
Tras
una presión internacional considerable, el Gobierno hondureño comenzó a
investigar el asesinato de Berta Cáceres y detuvo a siete sospechosos,
pero el proceso se ha visto dificultado
por acusaciones falsas, sospechas de encubrimiento y el robo del
expediente judicial en dos ocasiones. Entretanto,
la muerte de muchos otros activistas que no son tan famosos sigue sin
resolverse y la violencia
continúa. Desde entonces, tres de las personas entrevistadas durante la
fase de investigación de este informe han sido asesinadas. En octubre
de 2016, Tomás Gómez sobrevivió a un atentado.
Era la mano
derecha de Berta Cáceres y su sucesor como líder del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
