Global Witness expresa su profunda
consternación por la respuesta de algunas personas que representan al Estado
y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe
‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta.
Resulta preocupante que ningún funcionario
o funcionaria estatal haya hecho una declaración pública que demuestre un
compromiso de dar una respuesta constructiva al informe, reconociendo los
riesgos que afectan las personas que defienden los derechos humanos y el medio
ambiente en el país y la necesidad de proteger sus vidas.
Al contrario, voceros y voceras del sector
empresarial y funcionarios de los más altos niveles han criticado y cuestionado
fuertemente el informe, sin condenar los asesinatos de 123 personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente ni explicar cómo pretenden prevenir ataques
futuros.
Reiteramos que nuestro informe se basa en
una investigación rigurosa llevada a cabo a lo largo de más de dos años, que
incluyó visitas a todas las comunidades nombradas en el informe y entrevistas
con una diversa gama de actores. El informe refiere a documentos oficiales y se
enmarca en el derecho tanto hondureño como internacional desde una óptica de
los derechos humanos. Se fundamenta en 250 referencias (muchas de ellas
provenientes de documentos del mismo gobierno hondureño) y cada persona acusada
de ser asociada con un delito tuvo la oportunidad de dar sus comentarios sobre
la acusación; cualquier respuesta recibida fue incluida en la publicación.
Algunas figuras públicas han dicho que
nuestro objetivo es desprestigiar a Honduras y frenar el desarrollo. La verdad
es todo lo contrario: nuestra meta es solidarizarnos con las y los hondureños,
quienes se empeñan por un país libre de corrupción, una vida sin abusos y por
la libertad de expresión. Elaboramos nuestro informe con el fin de aportar a un
cambio positivo en el país, a través del cual las y los defensores de la tierra
y el medio ambiente serían protegidos para poder llevar a cabo su trabajo y su
defensa legítima de los derechos de todos los hondureños.
Respaldamos el llamado de muchas
organizaciones de la sociedad civil hondureña – expresado el jueves mediante
una manifestación interpuesta en las oficinas del Fiscal General – a que el
Ministerio Público investigue los hechos narrados en nuestro informe para que
haya justicia en los casos de abusos documentados, muchos de los cuales ya
cuentan con denuncias interpuestas ante las entidades de justicia hondureñas.
Finalmente, exigimos que el Estado
implemente su obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos
humanos en Honduras. En este clima de discursos agresivos y de cuestionamiento
de su labor legítima, resulta más importante que nunca que el Estado demuestre
de forma contundente su compromiso absoluto con poner en marcha las políticas y
medidas que quienes defienden los derechos humanos consideren como adecuadas
para su seguridad.
La semana pasada, fuimos nuevamente
inspirados por las y los líderes comunitarios, las mujeres y hombres defensores
de derechos humanos, las y los integrantes de ONG y las y los líderes
indígenas. Son heroínas y héroes. Si el gobierno está realmente comprometido
con una mejor Honduras, garantizaría su seguridad y escucharía sus voces.